Los gobernantes, como mera oferta electoral, prometen una supuesta "revolución de la justicia" la que, creemos, es imposible en medio de las actuales reformas bolivianas que cada día pierden el contenido avanzado que tuvieron.
El Presidente y el Vicepresidente, entre otros gobernantes, afirman que la justicia ordinaria, en suma, no sirve. Pero de ellos no se escucha ninguna voz autocrítica, como si ellos no hubieran sido los impulsores de la nominación, como candidatos a jueces, de masistas y pro masistas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y si ellos no hubieran hecho campaña para la elección de los jueces supremos, en las urnas, como en ninguna parte del mundo, chillaban esos inquilinos del Palacio Quemado. Luego de la elección que hizo una minoría de los bolivianos los voceros del oficialismo, en distintos tonos, defendieron esa elección a la que mostraron como un ejemplo que debían seguir otros países y pueblos en el orbe porque creían que desde esa nominación la justicia cambiaría sustancialmente.
El actual Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quizá uno de los más competentes entre los máximos jueces, desde su puesto de trabajo dijo que no era suficiente la elección de jueces a la que nos referimos en esta nota, añadió que había que cambiar las leyes sustantivas y las procedimentales para que cambie realmente la justicia.
Nosotros afirmamos que, pese a sus deficientes, la nueva Constitución Política del Estado, es parte de una reforma jurídica y política fundamental, la que también es violada sobre todo por los gobernantes y por otros funcionarios del Estado por lo que resulta difícil no ver que la Ley Fundamental pierde la credibilidad que deben tener normas como ésa.
Sin embargo, a los que criticaron y criticamos la forma y la elección de los jueces supremos nos pusieron el mote de antidemocráticos y/o derechistas. Ahora hay muchos ejemplos que demuestran que la justicia ordinaria enfrenta una crisis incontenible, según la realidad, cuando se la ve con juicio. Leamos rasgos de esa crisis:
—La retardación de justicia es la deficiencia que sobresale sin que sea la única. Decir la justicia tarda pero llega (entre nosotros a veces tarda y no llega) es un simple consuelo. Son tantos los casos pendientes que incluso los miembros de los tribunales buscan vías destinadas al archivo de miles de esos trámites.
—La prevaricación es una inconducta cotidiana de los que dicen que administran justicia. Seguro que hay excepciones, pero los prevaricadores dominan el foro, como llaman abogados. Uno de los dirigentes de éstos, en ejercicio de la profesión y en un colegio de esos profesionales, hizo una confesión que cuando menos es necesario tomarla en cuenta, aunque las cifras parece que son aproximadas: Antes —dijo— entre el 80 y el 90 por ciento de jueces y fiscales eran honestos; ahora es al revés, esos porcentajes son de los prevaricadores.
—Por lo que han dicho los extorsionadores, que integraron el gobierno y ahora caídos en desgracia son procesados y están detenidos, sabemos que todavía se ganan o pierden pleitos porque algunos indirectamente pagan para librarse de condenas o al menos para que la sanción sea la menor posible. Aunque no están probados los casos en trámite sobre extorsión es posible afirmar que continúa esa práctica indecorosa. Un ex ministro del actual gobierno instruía a sus abogados lo que sigue: dile al juez NN que nos ayude; si no acepta ayudarnos a revolver el caso, le ofreces plata; si no acepta ni lo uno ni lo otro, lo amenazas.
—La administración de justicia está sujeta a una de las leyes del mercado: la de la oferta y de la demanda (Tanto tienes, tanto vales; nada tienes, nada vales). La "justicia se negocia", dijo el presidente Morales, luego de los muertos en el penal de Palmasola de Santa Cruz. Hace varias décadas que Gustavo Adolfo Otero, en uno de sus libros, reprodujo que entre amigos de países vecinos se recomendaba "cuidarse de la justicia boliviana".
—Se conocen testimonios múltiples que convencen de que hay jueces y también fiscales que reciben pago de las partes en litigio, de modo que los contendientes del proceso esperan ser favorecidos: una de las partes sin ley y sin legitimidad, en innumerables circunstancias. Aunque pasan varias décadas, vale la pena referir lo que les decía un abogado cruceño a sus clientes sindicados de asesinato: Te recuerdo, —manifestaba ese abogado a su cliente—, que yo soy como un confesor (cura), si tú lo mataste a ese hombre, yo tengo que saber para decidir si te defiendo con código o sin código. La defensa sin código era más cara...
—Los operadores de justicia tramitan los casos bajo presión y/o prebenda de los gobernantes: los trámites en la justicia, a instancia de los gobernantes, son una extensión del ejercicio de la política. Hablamos de la "judicialización" de la política, denominación discutible, pero parece que se entiende. Esa práctica, también diaria, quizá es lo más grave, sucedió antes y ahora de manera más visible porque los gobernantes no se preocupan de guardar las formas, quizá porque lo han tomado en serio el anuncio del Presidente: ellos se quedarán 500 años en el Palacio de Gobierno porque son dueños de éste y no sólo inquilinos. Recordemos que algo más dijo Juan Evo Morales Ayma: Nosotros le metemos nomás y luego pedimos a los abogados que arreglen las cosas que estén mal.
—Tres ejemplos que confirman que la justicia boliviana en tiempos de Evo Morales es la continuación de la política (de la mala política) en los tribunales de justicia, añadimos, con lo que parafraseamos al general prusiano Clausewitz. El magistrado Cusi, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cayó en desgracia, es decir, se convirtió en desafecto para los gobernantes desde que votó en contra de una resolución de aquel organismo que dio luz verde a la tercera elección de Juan Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera, en contra de la segunda norma transitoria de la Constitución Política del Estado (CPE). Las también magistradas del TCP Velásquez y Chanez no están en gracia de Evo (pero estuvieron) porque observaron que ciertas normas de la nueva Ley del Notariado contradicen la Ley Fundamental, en contra de lo que resolvió una mayoría de "levanta manos" en la ALP. (Las normas disponen que el TCP debe cuidar la constitucionalidad en Bolivia; es decir, a las dos magistradas citadas, aparentemente, las procesan (y el Vicepresidente ha pedido sanciones drásticas) porque han cumplido con sus obligaciones. Una de las magistradas ha dicho que los gobernantes, con el "proceso político" que se les siguen, tratan de meter miedo a los otros jueces.
La pregunta es ¿Qué asunto que interese a los gobernantes se tramita libremente en los tribunales de justicia? La repuesta es ninguno porque como dice un chiste político: En el Palacio de Gobierno se decide lo que tendrá que hacerse en los estrados judiciales.
Si los gobernantes dijeran que se equivocaron al imponer la elección de los jueces supremos y que ante su fracaso, muestran estar dispuestos a emprender otro rumbo, quizá haya gente que les crea, además de sus llunk'us. Ahora ante la revolución de la justicia que aquéllos proclaman, aunque es una frase sonora y nada más crece el número de los que dudamos de lo que dicen los gobernantes, porque no hacen lo que dicen, casi siempre. Por eso, aquella frase (revolución de la justicia), es propia de charlatanes consuetudinarios.
Nosotros estamos convencidos como el que más de que con Juan Evo Morales Ayma ni siquiera empezará una reforma seria de la justicia boliviana, por tanto, una revolución de aquélla es un decir presidencial sin contenido.
Es que es imposible una revolución de la justicia si antes, o al mismo tiempo, no hay una verdadera revolución en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura de nuestro país.
Ahora tenemos que estar avisados de que cuando los gobernantes proponen revolución de la justicia es porque tratan de capturar votos, por ejemplo, de los indecisos.
Asimismo, esa oferta de revolución de la justicia, hecha por los actuales gobernantes, nos ayuda a entender que esa es una mentira de ellos. Nada más.
Fuente original: Semanario Aquí
