Ante la implementación de megaproyectos en territorios indígenas

Las investigadoras mexicanas Claudia Composto y Mina Navarro, en su artículo “Territorios en disputa: entre el despojo y las resistencias”, indican que los Estados y las empresas transnacionales utilizan diferentes estrategias para hacer frente a la resistencia de las comunidades afectadas: la criminalización de la protesta, la cooptación que divide organizaciones sociales, la represión violenta entre otras, son utilizadas para llevar adelante los proyectos extractivistas.

El periódico Conosur Ñawpaqman conversó con líderes y representantes de territorios indígenas sobre su situación como defensores de los derechos en Bolivia.

“Hay atropello, no hay respeto”

E.Z. Comunidad Yumao, prov. Cordillera, Santa Cruz, dijo: “Nos han alejado de nuestra capitanía, nos dicen (los capitanes) ‘ustedes son los que perjudican, ya estamos negociando con la empresa’ ellos (los capitanes grandes) están a favor de la empresa y nosotros en contra (porque la construcción de la represa afectaría aproximadamente 20 comunidades y a tres áreas protegidas). Dijeron que tenían que hacer el avalúo ‘si no aceptan van a quedar sin nada, cuando llegue el momento ustedes tendrán que ser desalojados por la fuerza’. Ese es su discurso, esa es su amenaza, no es justo ¿dónde están los derechos?, ¿dónde están los artículos de la Constitución que es salvaguardar los bosques, los pueblos indígenas? Hay atropello, no hay respeto, nos están tratando de humillar”.

Yumao comunidad afectada por la hidroelétrica Rositas (Foto: mongabay.com)

“Defendemos los derechos de la Madre Tierra”

R.B. indígena del territorio Uchupiamona, norte de La Paz explicó que rechazan la construcción de la megahidroeléctrica El Bala – Chepete porque afectará a dos parques nacionales y a seis territorios indígenas (Mosetén, Leco, Tacana, Tsimán, Uchupiamona y Esse Ejja). “El gobierno tiende a perseguir, desprestigiar; nosotros no tenemos miedo, pero hay familias de por medio; si no hacemos resistencia, si no luchamos ¿quién lucha por nosotros? Nosotros defendemos derechos humanos, territoriales, y los derechos de la madre tierra (…) no es fácil ser dirigente, mucho peor para una mujer”.

Defensores y defensoras de derechos territoriales y de la naturaleza denuncian persecuciones y amenazas

“A mí no me van a callar”

M.N. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS): “Seguimos en la lucha para que no se construya la carretera por medio del territorio indígena. Las mujeres estamos en defensa de la madre naturaleza, por defender nuestros derechos y defender el territorio hay persecución, una no puede decir nada porque lo van a meter preso, a mí no me van a callar, me lleven donde me lleven ahí voy a seguir defendiendo los derechos de cada boliviano”.

“El gobierno en sí nos mira de enemigos”

C.H. Autoridad del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ orgánico): “La contaminación minera está afectando a las comunidades de tierras altas, ser defensor de los derechos de pueblos indígenas es difícil. Por defender el territorio y la madre tierra, el gobierno nos mira de enemigos, nos hace persecuciones. Debemos profundizar nuestros derechos que están en la CPE. No me desmayo, seguiré luchando”.

América Latina la región más peligrosa, para defensores de los derechos territoriales   En los últimos 20 años han aumentado los conflictos socioambientales en América Latina por la implementación de políticas y proyectos extractivistas en territorios indígenas. Según los informes anuales de la Global Witness y Front Line Defenders, América Latina es la región más peligrosa para las y los Defensores de los Derechos Humanos, del Territorio y del Ambiente (DDHTA). Más del 60% de las muertes están en América Latina, según datos del 2017. Brasil es el país donde ocurren más asesinatos, con un total de 57 en 2017.   El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, identifica a Colombia y Perú como los países ‘con grado alto de violencia y alto grado de criminalización, represión y violencia contra DDHTA; Ecuador y Bolivia son países con alto grado de criminalización y bajo grado de violencia” (Informe sobre Extractivismo y Derechos en la Región Andina: 2018).