Es un hecho que a nivel nacional no existe una regulación ambiental rigurosa para las actividades extractivas. Si hablamos de normas y leyes que regulan al sector minero y otros sectores afines, nos encontramos con una serie de incoherencias, vacíos o simplemente artículos que no reflejan la realidad que se vive en el país. Por ejemplo, la Ley de Minería y Metalurgia, en su artículo 219 menciona que: “…es responsabilidad de los concesionarios (titulares de derechos mineros) prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar/rehabilitar las áreas explotadas de acuerdo a normas ambientales aplicables”.