En dicha acción, las dirigencias indígenas identifican que el desarrollo de las actividades mineras en ríos atenta de manera directa contra su derecho a la libre determinación; a la consulta previa, libre e informada; al medio ambiente; a la integridad territorial; la gestión territorial; y principalmente a la salud. Esta denuncia se sustenta en los permanentes conflictos existentes con los actores mineros que generan presión para el aprovechamiento de oro dentro de sus territorios, como en los resultados del estudio sobre impactos de la minería, realizado por la CPILAP entre 2022 y 2023 que fue presentado el pasado junio, donde – a partir de la toma de muestras a 305 personas de 36 comunidades indígenas ribereñas pertenecientes a los pueblos Tsimane, Ese Ejja, Leco, Mosetén, Uchupiamona y Tacana – se evidenció que el 74,5% de la población supera los niveles permitidos de mercurio en el cuerpo (1 ppm), y que los pueblos más afectados son aquellos que no tienen vinculación con las actividades de explotación aurífera, pero cuya afectación se da debido al consumo de pescado contaminado por la liberación de mercurio al ambiente.
La acción popular ha sido planteada contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; el Ministerio de Minería y Metalurgia; la Dirección Departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM de La Paz; el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; y las Secretarías de Derechos de la Madre Tierra como de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos del Gobierno Departamental de La Paz, quienes según norma son las instancias responsables de controlar y fiscalizar las actividades mineras a nivel nacional y departamental, y cuya omisión de funciones repercute en la vulneración de derechos a los sectores afectados por la minería aurífera.
“La acción popular es un instrumento a través del cual los pueblos afiliados a la CPILAP vamos a exigir al Estado el cumplimiento de las diferentes normativas que nos amparan como pueblos indígenas, y el cumplimiento de las funciones de las autoridades, principalmente en materia ambiental y de salud, donde hemos visto que las autoridades han incumplido” Gonzalo Oliver, presidente de la CPILAP y Primer Coordinador del BOCINAB
Con esta iniciativa, los pueblos indígenas del norte amazónico de La Paz esperan que, entre otras acciones, se pueda paralizar las actividades mineras ilegales que se desarrollan en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes; se prohíba de entrega de nuevos derechos mineros en el área; y se fiscalice a las actividades mineras autorizadas para que estas cumplan con las normativas ambientales. Asimismo, se busca que las autoridades competentes amplíen los estudios sobre afectación de la minería y desarrollen otros complementarios destinados a velar por la salud de la población afectada por mercurio, así como programas para el seguimiento a los mismos.
“Esta acción popular ha sido un trabajo arduo. Hemos entregado con las respectivas pruebas documentadas, por lo cual vamos a estar atentos a la fecha de audiencia para dar seguimiento”. Gonzalo Oliver, presidente de la CPILAP y Primer Coordinador del BOCINAB
Preocupación por el avance de la minería aurífera hacia los territorios indígenas y áreas protegidas
En los últimos años la minería aurífera ha tenido un crecimiento exponencial y es realizada principalmente por cooperativistas, en muchos casos en situación de ilegalidad. El aumento de la cotización del oro durante y después de la pandemia, ha agudizado la presión hacia los territorios y áreas protegidas del norte amazónico boliviano.
Ya en octubre de 2022 autoridades del Viceministerio de Medio Ambiente, SERNAP y de la Dirección Departamental de la ABT firmaron un acta con cooperativistas auríferos de La Paz para modificar los planes de manejo en las áreas protegidas del Madidi, Cotapata y Apolobamba en miras a permitir la explotación del oro. Frente a ello la CPILAP, junto a las organizaciones territoriales que aglutina, se movilizaron y tomaron las instalaciones del SERNAP en San Buenaventura, y amenazaron con marchar hacia La Paz. Como resultado de las acciones, los pueblos indígenas del norte paceño lograron la anulación del acta firmada con el sector minero, así como el compromiso de las autoridades nacionales de no modificar los planes de manejo de las áreas comprometidas, y que su actualización en el futuro deberá realizarse con la participación de los pueblos indígenas según establecen las normas.
Por otra parte, en lo relativo a recursos jurídicos contra los impactos de las actividades mineras, se resaltan algunos casos: como la acción popular de 2022 presentada con el objeto de que se declare una pausa ecológica en toda la extensión del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Aunque el resultado no fue el esperado, se logró que la Sala Constitucional Cuarta de La Paz determine que la Asamblea Legislativa Nacional junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y otras instancias competentes promuevan una iniciativa normativa para la regulación del uso y el control del mercurio en la actividad minera aurífera; y que se identifique a las empresas y cooperativas mineras que se encuentran en el parque Madidi.
Así también, en mayo de 2023 activistas ambientales presentaron ante el juez agroambiental de Viacha una solicitud de medidas cautelares ambientales, logrando la inmovilización por 30 días del PN y ANMI Madidi y por tanto la prohibición del desarrollo de actividades mineras en su extensión; así como la determinación de que la AJAM rechace los trámites que permiten la explotación minera en esta área protegida y sobre todo en el río Tuichi. A pesar de esta relativa victoria, en junio, los activistas denunciaban que dichas medidas aun no se ejecutaban a la fecha y que la actividad minera dentro del parque no se había detenido.
Otro ejemplo es la decisión del juez de instrucción de la localidad de Palos Blancos que, ante denuncias de la población local, el pasado mes de julio falló en contra de las cooperativas mineras que buscaban llevar a cabo actividades mineras en las riberas del río Beni, declarando que dicho río tiene derechos que deben ser precautelados, así como los derechos de las poblaciones que habitan en sus alrededores.
Todas estas iniciativas han cosechado logros importantes en cuanto a fallos, sin embargo, queda aún la expectativa respecto a los resultados tangibles que estas puedas significar para la defensa de los territorios indígenas, áreas protegidas y los derechos de las poblaciones locales afectadas por la actividad minera, cuyos precursores no dan tregua en la demostración de fuerza y condicionamiento al gobierno central. Un ejemplo de ello, son las recientes declaraciones del presidente Federación de Cooperativas Auríferas del Norte de La Paz que expresó la voluntad del sector para la reducción del uso del mercurio en las actividades mineras, en tanto exista una rezonificación de las áreas protegidas para la ampliación de sus operaciones. Frente a ello, las organizaciones indígenas del norte paceños expresaron mantener una situación de alerta:
“es motivo de preocupación y de emergencia como territorios de la CPILAP la reciente insinuación de los mineros de modificar la zonificación de las áreas protegidas. Hemos visto con mucha preocupación que han dado un plazo al gobierno central para que se les pueda abrir las puertas para modificar la zonificación y los planes de manejo de las áreas protegidas, lo cual rechazamos y ratificamos el acuerdo entre los pueblos indígenas de la CPILAP, el SERNAP y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que expresa que debe haber un respeto sagrado a los actores que viven dentro de las áreas protegidas. En ese sentido queremos ratificar que cualquier modificación a la zonificación y planes de manejo es una tuición única del SERNAP y de los territorios indígenas y las comunidades que viven al interior de estas áreas protegidas Gonzalo Oliver, presidente de la CPILAP y Primer Coordinador del BOCINAB
Pese al contexto adverso, la defensa de la vida y de la Amazonía frente a los impactos de la minería y de otras actividades extractivas es una tarea urgente que debe hacer uso de todas las herramientas – jurídicas y sociales – a disposición. La presentación de recursos jurídicos y la exigibilidad del cumplimiento de sus resoluciones es una vía que acompaña a las acciones de articulación social que se promueven hoy desde los pueblos indígenas y campesinos del norte amazónico boliviano. En ese sentido, es necesario amplificar la voz de estos actores, quienes en distintos espacios nos hacen un llamado a la población en general a que nos sumemos a sus iniciativas y coadyuvemos en esta lucha que nos concierne a todos.
