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INVESTIGACIÓN CENDA: Bolivia es un país de normas pisoteadas. Entre el 2006 y 2019, el incremento de importaciones de plaguicidas químicos fue del 362%. En cambio, los fertilizantes químicos tuvieron un incremento del 104%. Esto refleja la alta permisibilidad del Estado ante la entrada de agroquímicos al país, lo que supone una violación al Derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano y a la propia Constitución Política del Estado. 

El agua es un recurso natural público, valioso e indispensable para el desarrollo de nuestra vida, para el ecosistema que nos rodea y para el desarrollo de nuestra región. Por este motivo, es deber de todos y todas proteger el agua y conservarla en cantidad suficiente y calidad adecuada, para su uso sostenible hasta las futuras generaciones. 

Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes; así lo estipula el artículo 374 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

No obstante, independientemente de quien se encuentre en el poder, queda demostrado que en muchos casos lo estipulado por la CPE queda como un escrito formal, lejos de ser aplicado en la realidad. Tal es el caso del Municipio de Poopó, donde, comunidades alejadas de los centros urbanos quedan relegados y vulnerables frente a los efectos de la contaminación y la escasez hídrica.

COSECHA DE AGUA: “El motivo de la contaminación de Santa Rosa es por las heces fecales. Se ha hecho análisis a nivel municipal, la dirección de saneamiento ha hecho el análisis correspondiente, tres comunidades han salido que están contaminadas”.