19 noviembre de 2014. ¿Te conmueve la violencia contra las mujeres? ¿De qué manera te interpela? Cada día escuchamos y/o vemos casos de violencia contra mujeres de todas las edades; hechos crueles, la mayoría cometidos por familiares o personas cercanas a las víctimas. Dos datos que en otras condiciones afectarían a toda persona: el uso de fuerza brutal contra mujeres por el hecho de que lo son, o actos cometidos por quienes se supone protegen a esas mujeres. Pero en las condiciones actuales, la indignación --comúnmente-- se reduce a emitir un gesto de espanto al recibir la noticia.
En condiciones de no naturalización de la violencia contra las mujeres, las cifras respecto de los casos de violencia en Cochabamba (6 de cada 10 mujeres son agredidas), de denuncia (500 casos al mes), feminicidio (3 casos al mes), entre otras, hubiesen merecido el tratamiento de un problema de salud pública. En cambio en una sociedad que ha normalizado el hecho de que los hombres ejerzan poder sobre el cuerpo de las mujeres, la permisividad ante esta problemática tanto por parte del Estado como de la población es indignante.
El caso de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) es ejemplificador de que la escasa voluntad política para atender la violencia se terminó con la promulgación de la ‘Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia’, que determina que los hechos de violencia contra las mujeres son delitos de acción pública, delegando en la Felcv y el Ministerio Público la investigación de oficio. Para cumplir con este mandato, la ex Brigada de Protección a la Familia, actual Felcv trabaja a media máquina: cuenta con cinco investigadores/as (por turno) para atender a toda la población del municipio de Cercado en condiciones muy precarias, con la amenaza de ser desalojada de los ambientes que ocupan, los cuales no cumplen con las necesidades de la población que acude, han quedado sin electricidad porque la Alcaldía no pagó el servicio, no disponen de equipamiento indispensable como computadoras, una cámara fotográfica, equipo de laboratorio, vehículos y otros.
Ni la Policía ni el gobierno municipal o departamental han asumido sus competencias y responsabilidades para atender, menos aún para prevenir la violencia a mujeres; más del 90 por ciento de las denuncias son abandonadas por las víctimas debido a la burocracia, la revictimización, es decir, obligar a las mujeres a revivir su sufrimiento una y otra vez y la impunidad de los agresores, entre otras razones.
En las condiciones mencionadas, vale la pregunta: ¿Es la violencia contra las mujeres un asunto de privados? ¿Sólo se debe intervenir una vez consumado el hecho? La respuesta del Estado no es firme. A pesar de la normativa que plantea una intervención oportuna, los sistemas de educación y salud reproducen los fundamentos y estructuras patriarcales y machistas en general, no hay políticas de prevención significativas. La respuesta de la sociedad civil es demasiado tímida; son contados los casos de mujeres que se organizan o se asocian para defenderse entre sí y las marchas y manifestaciones no inciden en cambios. Por su parte, el papel de los medios de comunicación es el de mero relator de los acontecimientos sin la capacidad de interpelar a las instancias “incompetentes” o cuestionar las prácticas machistas.
A pesar de una mayor tendencia a romper el silencio, siendo que la denuncia es un primer paso muy importante para romper el círculo de violencia, debemos reconocer que el camino de las mujeres, niñas, abuelas para salir de la situación es triste y solitario.
- Es docente universitaria.
