En el marco de la pandemia del Covid-19 en Bolivia, instituciones y organizaciones preocupadas por la situación de los Pueblos Indígenas emiten el siguiente pronunciamiento.

Mayo de 2020.

Los huertos familiares con producción agroecológica, fortalecen e impulsan la equidad de género de las mujeres dentro de sus hogares, y aporta en la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias en esta cuarentena frente al coronavirus.

Hace más de dos meses que en Bolivia no hay clases presenciales en las unidades educativas fiscales, de convenio y particulares, a causa de la pandemia del coronavirus, COVID-19, que ha puesto en peligro a todas las personas en el mundo, incluido nuestro país. El 12 de marzo salió una instrucción emitida por el Ministerio de Educación suspendiendo las clases a causa de la propagación y peligro de la pandemia. Desde ese momento hasta hoy no se tienen claras las alternativas para continuar con las clases y cumplir con la gestión escolar.

Es un hecho que a nivel nacional no existe una regulación ambiental rigurosa para las actividades extractivas. Si hablamos de normas y leyes que regulan al sector minero y otros sectores afines, nos encontramos con una serie de incoherencias, vacíos o simplemente artículos que no reflejan la realidad que se vive en el país. Por ejemplo, la Ley de Minería y Metalurgia, en su artículo 219 menciona que: “…es responsabilidad de los concesionarios (titulares de derechos mineros) prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar/rehabilitar las áreas explotadas de acuerdo a normas ambientales aplicables”.

LOS TRANSGÉNICOS Privatizan las semillas: Las grandes empresas del agronegocio (Bayer-Monsato, Syngenta, Brevant-Dow y Dupont- y Basf) buscan desde hace años modificar las leyes de semillas para aumentar sus ganancias y generar mayor dependencia de lxs agricultorxs. El marco legal impulsado por las compañías del agro y los gobiernos es UPOV 91 que, como ya mencionamos, obliga al pago de regalías cada vez que se guardan semillas, prohíbe el intercambio de variedades registradas entre agricultorxs y criminaliza las semillas campesinas.