Las comunidades del sector Zongo, ubicado en la provincia Murillo del departamento de La Paz, el año 2012 decidieron expulsar de su territorio a una empresa minera en el marco de las competencias que les otorga la Justicia Indígena Originaria Campesina.
Ese año las comunidades afectadas emitieron un acta firmada por todos los comunarios donde resolvieron la expulsión del empresario de la mina, Oscar Bellota, por incumplimiento de beneficios sociales para los comunarios que trabajaban en la mina y por daño al medio ambiente de su territorio. La reacción del empresario no se dejó esperar y acusó a los comunarios ante la justicia ordinaria por robo y despojo.
Pedro Pachaguaya, miembro de la Asociación de Antropólogos de La Paz, en una entrevista para la revista Conosur Ñawpaqman, informó que los comunarios haciendo una lectura de la Constitución Política del Estado comprendieron que las actas que habían emitido, expulsando al empresario minero, eran válidas y equivalían a sentencias constitucionales, en la jurisdicción indígena, que se las debían respetar y cumplir, “porque (las actas) tienen la capacidad de resolución de conflictos y de delitos”.
Pachaguaya, explicó que el caso fue llevado ante el TCP, cuya apelación se realizó en dos etapas: Una, sobre una consulta al TCP acerca de las decisiones que tomaron las comunidades, mediante sus actas, respecto a la aplicación de sus normas jurídicas; y la segunda consulta sobre las competencias que tenían para que el caso fuera declinado a la justicia indígena.
Entonces, una vez que el TCP conoció sobre este caso, determinó un auto mediante el cual dictó que el caso no le toca ni a la jurisdicción ordinaria ni a la jurisdicción indígena, hasta que el TCP tenga el conocimiento pleno de lo sucedido. Luego se emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0006/2013 del TCP, respondiendo a la primera consulta efectuada por los comunarios, donde establece en su primer punto “La APLICABILIDAD de la decisión comunal de expulsión y desalojo del empresario minero José Oscar Bellota Cornejo de Zongo, conforme sus principios, valores normas y procedimientos propios en el marco de su jurisdicción”.
Luego, el TCP mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0874/2014, del 12 de mayo de 2014, en su primer punto, resolvió “Declarar COMPETENTE a las autoridades indígena originario campesino de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de Zongo, provincia Murillo del departamento de La Paz, para conocer y resolver el asunto planteado a través de sus instancias y procedimientos propios”.
El Juzgado Primero de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto remitió, el lunes 13 de octubre, el primer caso de la justicia ordinaria a la justicia indígena originario campesina, dando cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0874/2014 de 12 de mayo de 2014, informaron fuentes oficiales (Fuente: Ministerio de Justicia).
Esta sentencia, en el análisis de Pedro Pachaguaya, constituye una jurisprudencia a nivel nacional e internacional para que los pueblos indígenas originarios y campesinos utilicen estos mecanismos que tiene la jurisdicción indígena cuando, se vean afectados por personas o empresas externas a sus territorios.
Finalizó que esta sentencia debe ser socializada a todas las organizaciones sociales y en todos los espacios de debate.
