CENDA / 30 de Diciembre de 2020.- Desde algunos años atrás (2016), ciertas comunidades campesinas e indígenas viven la “fiebre del oro”, vienen impulsando la minería en su territorio, sin importar las consecuencias que trae consigo esta actividad, que van desde las fracturas orgánicas pasando por la contaminación de la tierra, agua y el medio ambiente en términos generales.
Según datos periodísticos, el precio del oro en los últimos meses ha ido en aumento, “Entre enero y mayo la onza troy subió en 14%. El gramo costaba Bs 327 y ahora Bs 375. Las cooperativas auríferas pagan 2,5% en regalías a las regiones y no así el 7% ”, ello incentiva la aparición de cooperativas auríferas, por lo general informales o ilegales. Se conoce que el cooperativismo minero al 2017 alcanzó a 1.816 unidades, al 2020 las mismas siguen en aumento. Es más, el Gobierno inyectará 44 millones de bolivianos a este sector para reactivarlo en el marco del Programa Nacional de Reactivación del Empleo.
Los datos muestran que el Gobierno de turno, sin importar el color político, tiene como política pública seguir impulsando el extractivismo minero. Este mensaje es también recibido con entusiasmo en algunas comunidades, quienes se dan modos para impulsar la minería, en algunos casos una minería artesanal y en otros una minería apoyada por inversionistas privados, a quienes están dispuestos a reconocerles hasta el 70% de las ganancias que reporte la explotación de la minería de oro.
Las propias comunidades sin importar su origen étnico deberán reflexionar profundamente sobre su propia visión de desarrollo, que al parecer se encuentra transitando en sus propios territorios, a ser verdugos de sí mismos, pues ahora ya no son solo actores externos (Estado, empresa privada), sino son ellos mismos los promotores del extractivismo minero.
| Frente a esta realidad corresponde preguntarse ¿Qué pasó con el derecho de consulta previa?, ¿Dónde quedan los derechos de la madre tierra? |
Redacción: Sergio Vásquez R. - Director Ejecutivo CENDA
