Es decir, contar con un medioambiente sano y agua de calidad, son fundamentales para garantizar el derecho a la vida de todos los bolivianos, para ello la consulta previa e informada, es un mecanismo esencial para garantizar la participación de los bolivianos en las decisiones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Por ejemplo, las empresas en el sector minero han crecido, entre 2017 y 2018 en un 17%, (de 3.803 a 4.462). Asimismo, las exportaciones de minerales aumentaron entre 2016 y 2017 en un 21 %, (de 3.064 millones a 3.723 millones), y entre el 2017 y 2018, en un 30% ($us 269,9 millones en enero de 2017) a $us 349,9 millones), sin considerar la explotación y crecimiento de minería ilegal, como el oro en la amazonia.
Ante esta realidad de contradicciones entre el discurso del Gobierno “defensor de la Madre Tierra”, y las acciones de impulso de actividades extractivistas en el país, ¿qué alternativas queda a las comunidades y al pueblo boliviano para ejercer y exigir el respeto a los derechos constitucionales? ¿Qué rol están jugando las organizaciones matrices de campesinos y obreros?, son algunas preguntas que las bases deben plantearse en sus espacios orgánicos.
Lea el artículo original en el Conosur Ñawpaqman Nº 168 de Octubre, 2018
